En junio, el Senado aprobó en lo general la Iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por el Ejecutivo federal. Aunque se presenta como una modernización, en realidad pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, el debido proceso y la neutralidad de la red. Abre la puerta a la censura y al control excesivo del gobierno sobre lo que vemos, decimos y compartimos en internet.
La iniciativa vulnera estos derechos de forma directa. El artículo 109 permite bloquear o retirar contenido digital sin orden judicial, lo que constituye censura previa, prohibida por el artículo 7º constitucional y atenta contra la LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Los artículos 201 y 202 prohíben la difusión de “propaganda extranjera” sin definir qué es, lo que puede usarse para restringir medios críticos o internacionales, afectando el ACCESO A LA INFORMACIÓN. Además, el mismo artículo 109 permite sancionar sin intervención judicial, violando el derecho de audiencia y defensa, es decir, el DEBIDO PROCESO. El artículo 8, fracción VIII, autoriza a proveedores de internet a gestionar el tráfico de forma discrecional, atentando contra la NEUTRALIDAD DE LA RED.
También se pone en riesgo la privacidad digital, ya que el artículo 109 faculta a una agencia del Ejecutivo a vigilar y evaluar el contenido que circula en internet. Esto podría derivar en el monitoreo constante de lo que decimos y compartimos, y en la recolección de datos personales sin control judicial, violando el derecho a la privacidad y a la protección de datos.
Además, esta reforma debilita al Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano autónomo, y transfiere sus funciones a una agencia subordinada al Ejecutivo, eliminando contrapesos fundamentales.
La libertad no se defiende sola. Esta iniciativa, fue aprobada por la Cámara de Diputados con lo que se institucionaliza la censura y da al poder político un control inédito sobre el espacio digital. Es momento de alzar la voz.