Por Gabriela Islas Baeza
La elección de jueces por voto popular ya ocurrió en México, y con ello hemos cruzado un umbral que pone en riesgo la esencia misma de la justicia: su imparcialidad. Lo que se anunció como un acto de “democratización” del Poder Judicial, en los hechos representa una peligrosa mezcla de intereses políticos, promesas de campaña y riesgos de corrupción.
Los jueces, por definición, no deben agradar a las mayorías, sino aplicar la ley con independencia, incluso cuando sus decisiones resulten impopulares. Sin embargo, al llevarlos a las urnas, los colocamos en la lógica de la competencia electoral, donde el carisma importa más que el conocimiento, la lealtad política más que la integridad, y la estrategia de imagen más que la capacidad jurídica.
Este nuevo modelo no garantiza una justicia más cercana al pueblo, sino una justicia más vulnerable ante las presiones del poder y del dinero. La campaña judicial ya no se trata de impartir justicia, sino de ganarla.
Lo digo con claridad: esta crítica no es personal ni dirigida a quienes lograron el triunfo en esta contienda. Al contrario, reconozco en algunos de ellos trayectorias sólidas, preparación jurídica y compromiso con la legalidad. Mi señalamiento es hacia el mecanismo, al proceso mismo que, lejos de fortalecer al Poder Judicial, lo expone a dinámicas que lo debilitan.
Este proceso no fue voluntario para todos. Los estados de la república, como Chihuahua, se vieron obligados a homologar sus constituciones locales para alinearse con una reforma federal que impuso la elección popular de jueces. Y eso, más que fortalecer el sistema, ha generado tensiones serias entre la autonomía de los poderes y el rumbo que debe tomar la justicia.
En este contexto, la corrupción encuentra terreno fértil: pactos políticos disfrazados de democracia, candidaturas construidas a partir de intereses ajenos a la legalidad y operadores jurídicos convertidos en figuras públicas, endeudados con quienes los impulsaron. La toga, en vez de ser un símbolo de neutralidad y sabiduría, corre el riesgo de convertirse en trofeo de campaña.
La reciente elección judicial debe obligarnos a reflexionar con seriedad. La justicia no se fortalece con más votos, sino con más controles, evaluación técnica, transparencia y auténtica participación ciudadana en los procesos de nombramiento. No se trata de excluir al pueblo, sino de proteger el único poder que debe mantenerse a salvo de las pasiones del momento.
La ciudadanía quiere un Poder Judicial confiable, accesible y honesto. Pero eso no se logra llevando a jueces a mítines ni llenando boletas con nombres que pocos conocen. Se logra blindando la justicia del oportunismo político, apostando por perfiles éticos, formados y autónomos.
Una toga no puede ser moneda electoral. Cuando la justicia se vota, su imparcialidad se erosiona, y con ella, el Estado de derecho.