A dos años de que se registrara un accidente vial prevalece la impunidad y es que la afectada denuncia públicamente una red de omisiones, presunto tráfico de influencias y negligencia institucional que involucra directamente a la Fiscalía Zona Occidente, así como a las compañías de seguros GNP y AXA.
El percance original fue provocado por un miembro de la comunidad menonita, el impacto no solo dejó cuantiosos daños materiales, sino también afectaciones permanentes en la salud de la víctima. A la fecha, el responsable no ha asumido ninguna consecuencia, escudándose en los procesos de la aseguradora.
La denunciante acusa al personal de la Fiscalía Zona Occidente de haber extraviado su vehículo que se encontraba bajo resguardo oficial. Lejos de asumir la responsabilidad, los funcionarios públicos instaron a la propia víctima a investigar el paradero del automotor en corralones y yonkes de la región. Tras una búsqueda independiente, la afectada localizó la unidad. Resultó que GNP Seguros se había llevado el vehículo de forma ilegal mientras el caso seguía bajo investigación, impidiendo que la autoridad ministerial realizara los peritajes y avalúos correspondientes por ley.
“Pareciera que hasta una compañía de seguros tiene más poder que la propia Fiscalía, porque desde el inicio GNP ha hecho lo que ha querido con el caso”, manifestó la denunciante.
La situación empeoró tras los recientes relevos de personal en la Fiscalía. Según la víctima, la nueva agente del Ministerio Público a cargo del caso intentó dar un “carpetazo” definitivo, argumentando que el daño ya había sido reparado.
La evidencia de dicha reparación es un recibo de transacción interna girado de AXA Seguros a GNP. Sin embargo, la afectada señala que no ha recibido ningún pago, el recibo no está firmado por la víctima además de no estipular la cifra supuestamente pagada; agregó que la persona encargada de GNP en la región es presuntamente la misma que opera para AXA, lo que apunta a un conflicto de interés donde la misma ejecutiva habría propuesto y autorizado el movimiento.
Tras la intervención del abogado defensor, se logró averiguar que la cifra pactada entre las aseguradoras está muy por debajo del valor real del vehículo. Aunado a esto, GNP admitió que “traspapeló” la carpeta de investigación durante un año entero, retrasando deliberadamente cualquier resolución en el sistema.
A pesar de contar con asesoría jurídica, el caso permanece congelado. La afectada señaló que, al intentar obtener una resolución con los directivos de las aseguradoras, solo recibió burlas por parte del personal, quienes pretendieron culparla por el estancamiento del proceso.
La denunciante concluye con un enérgico llamado a revisar el actuar de la Fiscalía Zona Occidente, la cual se ha mostrado flexible ante las irregularidades de las corporaciones privadas, pero sumamente burocrática y negligente con las víctimas:
“¿Por qué las autoridades no garantizan primero la reparación integral del daño para la víctima y posteriormente permiten que las aseguradoras resuelvan entre sí? Al final, la justicia aquí parece existir solo para unos cuantos: para quienes cometen el daño o tienen influencias”.